Convenciones: La Política como Espectáculo

“Today the mass audience (the successor to the ‘public’) can be used as a creative, participating force. It is, instead, merely given packages of passive entertainment. Politics offers yesterday’s answers to today’s questions.

A new form of ‘politics’ is emerging, and in ways we haven’t yet noticed. The living room has become a voting booth. Participation via television in Freedom Marches, in war, revolution pollution, and other events is changing everything.”

Marshall McLuhan

En las últimas dos semanas tuvieron lugar en las ciudades de Tampa Bay y Charlotte, en los Estados Unidos las convenciones Republicana y Demócrata (respectivamente). Culmen del proceso de elección interna de cada partido político en estos eventos se anuncia y vota la plataforma política de cara a los comicios y se nomina al candidato para las elecciones presidenciales. Originalmente, estas eran reuniones llenas de emoción y “grilla” política, verdaderas competencias por las preferencias de los delegados- consideremos que Lincoln no era favorito para ser nombrado representante de su partido y fue hasta la tercera ronda de votación en que ganó.

En la actualidad las Convenciones siguen un guión cuidadosamente construido que tiene por objeto dar un espacio a los liderazgos emergentes para darse a conocer- sin opacar al eventual candidato- así como crear un foro en el cual el partido político puede transmitir un mensaje, sin interferencias, al electorado norteamericano. Estos eventos se basan en un equilibrio cuidadoso, se pretende agradar a la base- generalmente el espectro más radical del electorado- a la vez que se coquetea con los votantes indecisos- generalmente la sección moderada de la ciudadanía.

En  este sentido, las Convenciones se han convertido en grandes espectáculos- a donde asisten no solamente los delegados, sino también estrellas de Hollywood, cantantes, el grueso de los periodistas relevantes del país así como cientos de corresponsales extranjeros. La cobertura mediática es total, abarcando un buen trozo de los segmentos informativos de las principales cadenas de televisión. El análisis no solamente se hace sobre la plataforma y los discursos, sino sobre el vestido de la Primera Dama, la selección de canciones para los interludios, la cantidad de asistentes y del rating. La dependencia en la imagen impecable y en el “soundbite” se vuelve cada vez mayor y en ocasiones parece que se sacrifica la sustancia con tal de crear una impresión que se ajuste a las estrategias de los especialistas de comunicación política.

Esto indudablemente conlleva el gran riesgo de banalizar la política. Desde que John F. Kennedy derrotó a Richard Nixon en el primer debate televisado más por su imagen pulcra y joven que por la profundidad de sus argumentos, ha habido cada vez mayor presión por que los candidatos sea bien parecidos, hablen bien y se ajusten a un molde estético e imaginario sobre lo que se supone que debe ser el líder de los Estados Unidos. Esto se hace en perjuicio del contenido. George Bush (vaquero texano) le ganó la batalla estética a Al Gore (imagen “profesiorial”) por muchísimo- lo que a la postre fue fundamental para que estuviera en una posición para luchar en tribunales por la Presidencia.  Para decirlo de forma contundente, George Washington, John Adams, Abraham Lincoln y Franklin D. Roosevelt a partir de la segunda mitad del siglo pasado no habrían podido ganar una nominación.

Sin embargo, es necesario reconocer que las Convenciones no son solamente grandes espectáculos que ayudan a enmarcar a un candidato y a un partido en un esquema construido para vender una postura política. También son aprovechadas- notoriamente las últimas dos (y en particular la del partido Demócrata)- para fortalecer el sentido de comunidad. En estos eventos cada partido, al detallar su forma de entender como funciona la sociedad estadounidense, relanzan el debate sobre los valores que hacen de los Estados Unidos eso, unos estados unidos. Hay una serie de discursos y pronunciamientos, en “prime time”, sobre lo que en la perspectiva de cada bando hace de nuestro vecino una nación diferente de las demás. Se genera un contraste constructivo respecto de las divergentes concepciones sobre la “idea” americana, el famoso “American Dream”. Y para esto, la clase política de los Estados Unidos hace el mejor uso de los medios de comunicación. Planteándolo en términos de Marshall McLuhan

“El poder tribalizante de los nuevos medios electrónicos, la forma en que nos regresan a los campos unificados de las viejas culturas orales, hacia patrones de pensamiento pre-individualistas y de cohesión tribal […] El tribalismo es la  conciencia de profundos vínculos de familia, la sociedad cerrada como la norma de la comunidad.”[1]

Debemos entender las Convenciones como ejemplos de lo mejor y lo peor de una sociedad hipermediatizada y ansiosa de espectáculos como es la norteamericana. Estas reuniones son muy útiles para que el electorado estadounidense cada cuatro años replantee el debate sobre la naturaleza de su sociedad, particularmente en momentos como el actual- en que los Estados Unidos están sumidos en una crisis de confianza importante. Desgraciadamente, este debate indudablemente se ve distorsionado por la efectividad con la que se crea una imagen que apela al imaginario del electorado. Y tampoco debemos desdeñar la advertencia oculta de McLuhan: el enfoque en la comunidad como una sociedad cerrada.

No se puede insular a la política de figuras imaginarias construidas para atraer. Sin embargo, se puede mitigar el efecto de la máscara cuando se le inserta algo de sustancia. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado. Las convenciones en ocasiones auxilian en esta tarea. En otras ocasiones, como la ya mencionada primera elección de George W. Bush (y, argüiblemente, también la segunda), el fracaso es rotundo y la imagen priva sobre la sustancia. Sin embargo, la costumbre de debatir y reflexionar constantemente acerca de la naturaleza de la sociedad en que se vive s sumamente constructiva. Para, de nueva cuenta aludir a McLuhan, este intercambio de ideas hace que el ambiente en que nos movemos, nuestro ecosistema, se vuelva visible- como si el pescado se volviera consciente del agua en que nada.


[1]  “The tribalizing power of the new electronic media, the way in which they return us to the unified fields of the old oral cultures, to tribal cohesion and pre-individualist patterns of thought […] Tribalism is the sense of the deep bond of family, the closed society as the norm of community.”     Marshall McLuhan, “The Book of Probes.

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Crítica y Democracia: El Arte de No Ser Gobernado Tanto

Esta semana me crucé en la página de internet de la revista The New Yorker con un artículo acerca de la critica negativa en el arte y la literatura escrito por Richard Brody. El autor del artículo en cuestión plantea que la crítica negativa en el arte no es necesariamente mala. Sin embargo, precisa:

“La crítica negativa es tanto un requerimiento del sistema nervioso- incluso del alma- como es parte del trabajo de un crítico, una responsabilidad para con sus lectores. Pero el hecho de que así lo sea- la negatividad es abordada tanto para salvar la salud mental de uno como para poner el pan sobre la mesa- es una razón más para que los críticos sometan sus propios juicios a cuestionamiento, para que asuman sus propias reacciones como una parte crucial de lo que deben de considerar, reevaluar y someter a su escepticismo. Es crucial que los críticos reconozcan su actividad como la empresa individual que es. Si la crítica es conversión de la segunda (el juicio del crítico) en la primera, entonces el juicio debería, a su vez, ser juzgado. La crítica, si va a servir de algo, es en primera instancia, autocrítica.”[1]

Me parece que podemos trasladar el espíritu de este planteamiento a la crítica política y al debate público. Al cuestionar a un actor político, una propuesta de política pública o a una institución pública tenemos que ser cuidadosos de tener en cuenta que nuestra reacción al evento o actor que vamos a criticar debe ser integrada al proceso de análisis de la critica. Al respecto, Michel Foucault estableció que:

“La crítica [critique[2]] solamente existe en relación a algo distinto a sí misma: es un instrumento, un medio para un futuro o una verdad futura que no conocerá ni constituirá, supervisa un dominio que quisiera vigilar y que no puede regular. Todo esto significa que es una función subordinada en relación a lo que la filosofía, la ciencia, la política, el derecho, la literatura […]positivamente constituyen.”[3]

Si esto no se hace así, corremos el riesgo de que la crítica deje de ser un medio y se convierta en un fin en si mismo, lo que degrada la calidad del debate público. Me parece que en México tenemos un serio problema en este sentido. Una parte importante de la crítica política que se hace en nuestro país parece tener como objeto vender portadas de periódicos, no generar una reacción constructiva en la sociedad. Y cuando el objeto no es vender, el objetivo es desarticular la imagen de un rival político. Cuando se cuestiona al respecto, la respuesta estándar gira en torno a la libertad de expresión- lo cual tiene su parte de verdad, en un sistema democrático uno puede decir prácticamente lo que se le antoje. Pero  es importante subrayar que empaquetar un ataque o un cuestionamiento sin fundamento como crítica no lo convierte en critica auténtica propia de una democracia.[4]

Muchos de estos opinadores individuales- y los medios de comunicación desde la perspectiva empresarial- se han salido con la suya generando este debate público de bajísimo nivel (y haciendo eco del vergonzoso tenor de los miembros de nuestra clase política) debido a que los ciudadanos no solo hemos tolerado el chismorreo, sino que lo hemos consumido y replicado ávidamente.

Ahora que estamos por iniciar un nuevo sexenio- y particularmente a la luz de los duros cuestionamientos que se hacen sobre la legitimidad de la elección  y el desencanto generalizado con nuestro sistema político- los ciudadanos podemos hacer mucho por nuestra democracia si nos esforzamos por privilegiar la crítica auténtica que se construye como un medio para fortalecer a nuestra comunidad.

Esta no es una tarea sencilla. Reconocer la crítica honesta- y hacer juicios críticos certeros y objetivos- es algo que requiere mucha práctica y aprendizaje continuo. Es, en cierto sentido, un proceso de prueba y error. Como lo establece Richard Brody:

“No existe un método único para practicar [yo agregaría, reconocer] la crítica, ninguna técnica para prescribir, ni un tono único para recomendar […] Es un asunto de sensibilidad y sensitividad.”[5]

Sin embargo, me parece que podemos aproximarnos a este ejercicio desde la simple- pero no sencilla- definición de crítica que planteaba Foucault, que en alguna ocasión la caracterizó como “el arte de no ser gobernado tanto”[6] y abundó,

“Crítica significa poner sobre la mesa derechos universales e incontrovertibles frente a los cuales todo gobierno, cualquiera que sea […] debe someterse. […] es el movimiento por el cual el sujeto se da el derecho de cuestionar la verdad en sus efectos de poder y cuestionar al poder sobre sus narrativas [discourses] de la verdad.”[7]

De nueva cuenta, esta no es una tarea fácil. Ni es una tarea homogénea. Pero es una tarea que urge en el contexto de nuestro sistema democrático. Y es también de suma importancia que no dirijamos nuestra crítica tan solo a los actores políticos. Me parece que es tiempo de que cuestionemos también a los críticos. Como ya hemos visto, sus juicios también deben ser sujetos de crítica- especialmente cuando la autocrítica brilla por su ausencia. [8]

Quienes pretenden generar tendencias de opinión no pueden ser ajenos al escrutinio de los ciudadanos. Pero este escrutinio debe hacerse con cuidado, para evitar caer en la tentación de la censura. Hacer crítica no es silenciar.

Finalmente, quisiera cerrar con una nota de precaución:

“[…] es ingenuo pensar que las observaciones negativas no tienen un efecto en la psique o en la carrera de los artistas [en nuestro caso, actores políticos, opinadores e instituciones], por lo que los críticos deberían considerar lo que conlleva recuperarse de las heridas que provocan antes de infligirlas.”[9]


[1] “Negative criticism is as much an obligation of the nervous system—indeed, of the soul—as it is a part of the critics’ job, a responsibility to readers. But the fact that it is so—that negativity is undertaken both to save one’s sanity and to win one’s bread—is all the more reason for critics to submit their own judgments to questioning, to take their own reactions as a crucial part of what’s under their own consideration, reëvaluation, and skepticism. It’s crucial for critics to acknowledge their activity as the personal enterprise that it is. If criticism is the turning of the secondary (the critic’s judgment) into the primary, then the judgment should, in turn, be judged. Criticism, if it’s worth anything at all, is, first of all, self-criticism.”

[2] En el presente texto, al escribir “crítica” me referiré al vocablo en inglés “critique” que es diferente de “criticism” distinción que, hasta donde tengo entendido, no se hace de forma tan contundente en el idioma español.

[3] “Critique only exists in relation to something other tan itself: it is an instrument, a means for a future or a truth that it will not know nor happen to be, it oversees a domain it would want to police and is unable to regulate. All this means that it is a function which is subordinated in relation to what philosophy, science, politics, law, literature, etc. positively constitute.”

[4] Un buen ejemplo de esto es el “cuestionamiento” de Carmen Aristegui a Los Pinos sobre el supuesto alcoholismo del Presidente Calderón- en donde la periodista asume como propia la duda, pero no solo no aporta pruebas, sino que arroja la carga de la prueba al acusado de alcoholismo. El video del cuestionamiento puede ser consultado aquí: http://aristeguinoticias.com/el-comentario-de-aristegui-sobre-la-salud-de-calderon-que-crispo-a-los-pinos/

[5] “There’s no particular method for practicing criticism, no technique to prescribe and no tone to recommend […] It is a matter of sensibility and sensitivity.”

[6] “I would therefore propose, as a very first definition of critique, this general characterization: the art of not being governed quite so much.”

[7] “Critique means putting forth universal and indefeasible rights to which every government, whatever it may be […] will have to submit. […] I will say that critique is the movement by which the subject gives himself the right to question truth on its effects of power and question power on its discourses of truth.”

[8] Indudablemente, la labor crítica de los ciudadanos debe empezar y terminar siempre con la autocrítica.

[9] “[…]it’s näive to think that negative reviews have no effect on artists’ psyches or careers, and critics should consider what it takes to recover from wounds before igniting them.”

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La Segunda Enmienda y la Relación del Pueblo Americano con las Armas.

“A well regulated militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.”

Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

 La masacre en un cine en Estados Unidos ha impulsado un nuevo debate acerca sistema de regulación de armas de fuego en dicho país el (caracterizado por ser extremadamente laxo). En este contexto creo que es importante tratar de comprender el panorama cultural en el cual se ha gestado esta red de normas jurídicas que se destacan por su permisividad. En el presente texto trataré, por una parte, de delinear el paradigma dentro del cual se desarrolla esta relación con las armas de fuego; en segundo lugar, esbozaré la interpretación que ha hecho la Suprema Corte sobre la Segunda Enmienda.

 I

 Uno de los elementos centrales en la construcción de la idea de los Estados Unidos es que esta nación es una “atalaya sobre un cerro”[1] que serviría como guía y ejemplo para las demás naciones que pretenden ser libres y democráticas. Una distinción fundamental que se construye en el seno del ideario americano radica en que en el territorio de las Trece Colonias los individuos se asumían como ciudadanos mientras que en Inglaterra los individuos se permitían ser súbditos del rey.  Este contraste- artífice ideológico de la ruptura de la nueva nación con su antigua colonizadora- se basaba, entre otras cosas, en la posesión de armas. Al respecto, encontramos que Richard Price establece:

 “Los Estados libres deben ser cuerpos de ciudadanos armados con regulaciones adecuadas, y bien disciplinados y siempre preparados para salir, cuando debidamente convocados, para ejecutar las leyes, sofocar motines y mantener la paz. Tales son, si estoy bien informado, los ciudadanos de América […] Inglaterra, de hecho, consistiendo como lo está de habitantes desarmados, y amenazada como lo está por sus ambiciosos y poderosos vecinos, no puede esperar mantener su existencia mucho después de volverse abierta a invasiones al perder su superioridad naval.”[2] (Énfasis añadido)

De lo anterior se desprende claramente que la ciudadanía se encontraba ligada a la posesión de un arma para la defensa personal y del Estado.  Si bien, esta no es una idea original de las Trece Colonias- Maquiavelo planteaba la idea del ciudadano-guerrero- es en la naciente república en dónde esta idea es uno de los pilares de la base que construyeron la nueva nación.

Si bien hoy en día esta idea nos puede parecer ajena al ideal democrático, es necesario considerar que Estados Unidos siendo en sus orígenes una sociedad agrícola- que ocupaba una extensión de tierra considerable (con una tendencia a expandirse) y una población ínfima- requería que sus habitantes tuvieran armas para defenderse de los peligros de la naturaleza y los ataques de los mal llamados “indios”. Por otro lado, el temor de un posible intento de reconquista, así como el recelo que la población Americana ha tenido hacia el gobierno a partir de su experiencia bajo el mando de la Casa Real de Inglaterra- que llevó incluso a plantear la posibilidad de no contar con ejército regular-, justificaban la necesidad de contar con elementos de defensa sostenidos en la ciudadanía (lo que es generalmente conocido como milicia).  Al respecto, en el caso U.S. v. Miller (307 U.S. 174) la Suprema Corte asegura que

“La concepción de aquellos tiempos se encontraba fuertemente inclinada en contra de los ejércitos regulares, la idea común siendo que la defensa del país y de las leyes debería ser asegurada a través de la milicia- primordialmente civiles, soldados ocasionales.” [3]

A lo largo de la historia de los Estados Unidos la imagen del “self- made man” ha sido celebrada como el arquetipo del ciudadano digno de la República. Generalmente,  empuñada por estos grandes hombres- de una ú otra forma- hay un arma. Aquellos que se fueron a conquistar el mítico oeste o los veteranos de guerra siempre han sido celebrados como quienes constituyen la columna vertebral de las otrora Trece Colonias. Esta relación cuasi-sentimental con las armas ha permeado hasta nuestros días, con diferentes matices y momentos definitorios. En 1968, por ejemplo, a raíz de los asesinatos de los Kennedy y de Martin Luther King se permitieron ciertas restricciones y controles en el comercio de las armas. Pero nunca ha existido una limitante definitiva, como sucedió-por citar un caso- con el alcohol.

 Sin embargo, una anomalía existente nuestros tiempos- surgida y desarrollada como consecuencia de la evolución de una sociedad agraria a una urbana e industrializada- es que se ha puesto excesivo énfasis en la segunda parte de la enmienda (“the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed”) en perjuicio de la enmienda entera. Existe una distorsión cultural sobre el alcance y motivo de la Segunda Enmienda- construyéndose la noción de que “hay un derecho a la posesión de armas”. Al respecto, Joseph Story uno de los primeros- y más respetados- comentaristas del Derecho Estadunidense advirtió lo siguiente:

“El derecho de los ciudadanos para poseer y portar armas ha sido correctamente considerado como el paladio de las libertades de una república ya que ofrece un sólido balance moral en contra de la usurpación y ejercicio arbitrario del poder por parte de los gobernantes; y generalmente permitirá a los ciudadanos, aunque no necesariamente en primera instancia, a resistir y triunfar sobre ellos. A pesar de que esta verdad parecería tan clara, y luciría tan cierta, no puede ser negado que entre el pueblo Americano hay una creciente indiferencia hacia cualquier sistema de disciplina de milicia y una fuerte disposición, desde una consideración de sus cargas, de liberase de todo tipo de regulaciones. Como funcionará mantener gente armada sin cierta organización, es difícil de ver. Hay ciertamente un peligro nada desdeñable de que la indiferencia llevará al disgusto, y el disgusto al desprecio, paulatinamente minando toda protección pretendida por esta clausula de nuestro catalogo de derechos.”[4]

 Hoy esta distorsión es promovida y reforzada por el famoso “lobby” de las armas- materializado en la funesta Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). Alrededor de esta cultura de las armas se ha construido toda una industria y un estilo de vida que no será fácil modificar, aún frente a hechos tan horripilantes como el de hace unos días- o tantos otros que han sucedido en la última década y media.

 II

Por lo que respecta a la interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ésta es una de las que menos embates ha sufrido ante los tribunales y por tanto son pocas las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que han recaído al respecto. Sin embargo, recientemente se dictó un fallo fundamental que (re)interpreta la enmienda en cita.

 El primer caso verdaderamente relevante argumentado ante la Suprema Corte sobre esta enmienda es U.S.  v. Miller[5]. Los hechos consisten en que un par de individuos cruzaron de Oklahoma a Arkansas un arma sin tenerla debidamente registrada. Al respecto, la Corte estableció que no existía violación de la Segunda Enmienda al requerir que se registrara el arma en cuestión,  toda vez que no se comprobó que la posesión del arma en cuestión se encontrara relacionada con actividad de milicia. Al respecto, el pasaje de la opinión que es relevante es el siguiente:

 “La Constitución como fue adoptada originalmente otorgó al Congreso el poder – ‘Para proveer el llamado de la Milicia con el objeto de ejecutar las Leyes de la Unión, suprimir insurrecciones y repeles invasiones; para proveer la organización, provisión de armamento y disciplina de la Milicia y para dirigir cualquier cuerpo de ésta que sea empleada en el servicio de los Estados Unidos, reservando a los Estados el nombramiento de oficiales y la autoridad para entrenar la milicia según lo prescrito por el Congreso.’ U.S.C.A. Const, art.1, 8. Con el claro objeto de asegurarse de la permanencia y hacer factible la efectividad de dichas fuerzas la declaración y garantía de la Segunda Enmienda fueron planteadas. Es bajo esta perspectiva que debe ser interpretada y aplicada.[6] (Énfasis añadido)

 Esta interpretación no fue cuestionada ni combatida hasta el año 2008 con la decisión D.C. et. Al. v. Heller[7]. Este caso surge de una demanda en contra de un par de leyes del Distrito de Columbia que de manera indirecta prohibían la compra de armas en el territorio del distrito. En la decisión se ignora el fallo de Miller- al reducirlo a un argumento sobre un tipo especifico de arma- y elabora un sofisticado planteamiento que parte la Segunda Enmienda en dos. Se califica la primera parte- “A well regulated militia, being necessary to the security of a free State”- como cláusula “preliminar” (prefatory) y a la segunda parte- “the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed”- como cláusula “operativa”. A partir de lo anterior, la nueva interpretación de la Corte es inequívoco:

 “La Segunda Enmienda protege el derecho del individuo a poseer armas de fuego sin conexión alguna con el servicio en una milicia, y a utilizar dichas armas para objetivos tradicionalmente legales, tales como defensa propia en casa.”[8]

 En este sentido, es claro que la interpretación se ha ajustado a la distorsión cultural que priva en el imaginario de la población de los Estados Unidos sobre la posesión de armas. Cass Sunstein sostiene que la propia Corte se encuentra ligada al contexto en el que emite la decisión, aun cuando éste no sea uno de los criterios que deberían ser utilizados para emitir sus fallos. En el año 2010 se da un nuevo fallo- McDonald et. Al. v Chicago[9] que- ante regulaciones sobre la posesión de armas en Chicago- se limita a ratificar el fallo de Heller.

 **

Ante el panorama cultural y la interpretación jurídica que se da a la Segunda Enmienda me parece que es claro que un ajuste a las leyes y regulaciones en materia de compra y posesión de armamento en los Estados Unidos no es realista en el momento actual. Los reportes de que las ventas de armas subieron un 40% en el estado de Colorado después de la masacre de Aurora son bastante indicativos de el estado emocional de la población estadounidense. Desgraciadamente, se desoye la advertencia de Joseph Story que al pasar de las masacres parece cada vez más acertada.


[1] La expresión en inglés es “beacon upon a hill”.

[2] “Free States ought to be bodies of armed citizens well regulated, and well disciplined, and always ready to turn out, when properly called upon, to execute the laws, quell the riots and to keep the peace. Such, if I am rightly informed are the citizens of America […] Britain, indeed, consisting as it does of unarmed inhabitants, and threatened as it is by ambitious and powerful neighbours, cannot hope to maintain its existence long after becoming open to invasion by losing its naval superiority.” Richard Price en “Observations on the Importance of the American Revolution”, citado en Shalhope, Robert E. “The Ideologial Origins of the Second Amendment.”, http://www.cwsl.edu/content/belknap/The%20Ideological%20Origins%20of%20the%20Second%20Amendment.pdf

[3] “The sentiment of the time strongly disfavored standing armies, the common vie was that adequate defense of country and laws could be secured through the militia- civilians primarily, soldiers on occasion.”

[4] “The right of citizens to keep and bear arms has justly been considered, as the palladium of the liberties of a republic; since it offers a strong moral check against the usurpation and arbitrary power of rulers; and will generally, even if these are successful in the first instance, enable the people to resist and triumph over them. And yet, though this truth would seem so clear, and would seem so undeniable, it cannot be disguised, that among the American people there is growing indifference to any system of militia discipline and a strong disposition, from a sense of its burthens, to be rid of all regulations. How is it practicable to keep the people duly armed without some organization, it is difficult to see. There is certainly no small danger, that indifference may lead to disgust, and disgust to contempt, and thus gradually undermine all the protection intended by this clause of our national bill of rights.” Citado en Shalhope, Robert E. “The Ideologial Origins of the Second Amendment.”, http://www.cwsl.edu/content/belknap/The%20Ideological%20Origins%20of%20the%20Second%20Amendment.pdf

[6] “The Constitution as originally adopted granted to the Congress power- ‘To provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the Union, suppress Insurrections and repel Invasions; To provide for organizing, arming, and disciplining, the Militia, and for governing such Part of them as may be employed in the Service of the United States, reserving to the States respectively, the Appointment of the Officers, and the Authority of training the Militia according to the discipline prescribed by Congress.’ U.S.C.A.Const. art. 1, 8. With obvious purpose to assure the continuation and render possible the effectiveness of such forces the declaration and guarantee of the Second Amendment were made. It must be interpreted and applied with that end in view.”

[8] “The Second Amendment protects an individual’s right to possess a firearm unconnected with service in a militia, and to use that arm for traditionally lawful purposes, such as self-defense within the home.”

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La Suprema Corte de EE.UU. y la Migración- un fallo que al no cambiar nada cambia todo.

El lunes de esta semana la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos emitió el fallo en el caso de la apelación del estado de Arizona contra la sentencia de una Corte de Distrito que invalidó secciones claves de la ley SB-1070 aprobada por la legislatura de dicho estado en 2010- la cual, fundamentalmente, pretendía hacer la vida imposible para los migrantes criminalizando diversas infracciones administrativas así como el establecimiento de un perenne interrogatorio de documentos y estatus migratorio a las personas que lucieran “razonablemente sospechosas” de ser migrantes indocumentados.  La decisión de la Suprema Corte fue mayoritariamente desfavorable para el estado de Arizona, mismo que tendrá repercusiones importantes en el panorama general de la regulación migratoria en el vecino país, algo que cabe analizar con cuidado. En el presente texto, primero haré un breve repaso de la decisión en comento. Posteriormente, intentaré señalar qué implicaciones tiene el sentido de la decisión.

I

El corazón de la ley SB-1070 se encontraba conformado por cuatro provisiones- mismas que eran combatidas por el Gobierno de los Estados Unidos en el juicio recién resuelto:

  • Sección 2(B) de la ley- La cual establece que cuando se detenga a una persona por cualquier motivo, los agentes de policía deberán realizar esfuerzos “razonables” para determinar su estatus migratorio, sí existen motivos “razonables” para sospechar que se encuentra sin permiso en territorio de los Estados Unidos.
  • Sección 3 de la ley- La cual establecía que no portar en todo momento los documentos que acreditaran legal estancia en los Estados Unidos en caso de no ser ciudadano de dicho país era un delito no grave (misdemeanor).
  • Sección 5 de la ley- La cual establecía que buscar o solicitar empleo sin contar con la documentación migratoria para ello (visa de trabajo, permiso de trabajador temporal) era un delito no grave (misdemeanor).
  • Sección 6 de la ley-La cual autorizaba a los agentes de policía a detener sin orden de arresto a inmigrantes cuando existiesen sospechas fundadas de que se encontraran en el país de manera indocumentada.

La contención central de la Administración de Barack Obama era que esta Ley es contraria a la Constitución por que invade facultades reservadas para el Gobierno Federal – específicamente la facultad de dirigir la política exterior y la facultad de establecer y administrar las reglas de naturalización.

Por su parte, el Gobierno del Estado de Arizona argüía que la Ley no contraría la Constitución, sino que simplemente complementa a las facultades federales de investigación y persecución de la migración indocumentada. Para esto, construyeron un sofisticado argumento que tergiversaba el sentido de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos (INA, por sus siglas en inglés). Dicha Ley dispone que el Gobierno Federal puede coordinarse con los gobiernos de los estados para que las fuerzas de seguridad de éstos realicen ciertas tareas de combate a la inmigración indocumentada. El gobierno del estado de Arizona sostuvo ante la Corte que la facultad antes citada no es optativa, sino que es obligación del Gobierno Federal hacerlo, y que ante la omisión de la Administración de Obama, unilateralmente asumía su rol legalmente reconocido.

En su fallo, la Corte establece dos premisas fundamentales que echan por tierra el argumento de Arizona. Primero, establece que el Gobierno Federal tiene un poder amplio y reconocido (undoubted) sobre la regulación migratoria y su estatus. Dicho poder se despliega en dos ámbitos de la administración pública:

  • El establecimiento de reglas uniformes de nacionalidad y naturalización; y
  • La conducción y control de la política exterior (descrita como poder soberano inherente [inherent sovereign power]).

La segunda premisa establecida por la Corte es que la “Cláusula de Supremacía” de la Constitución (Artículo VI, sección 2) establece que el Congreso de los Estados Unidos tiene el poder imponer la dirección que deben seguir las leyes estatales (la palabra utilizada por la Corte es preempt- “The Supremacy Clause gives Congress the power to preempt state law”). En ese sentido, hay dos formas en los que las leyes estatales deben adecuarse al sistema federal:

  • Los estados no pueden legislar asuntos que el Congreso ha establecido que deben ser legislados por dicho cuerpo colegiado; y
  • Los Estados deben adecuarse a las leyes federales cuando la legislación estatal en un sentido divergente- aunque no necesariamente contrario- puede ser un obstáculo para la aplicación de la legislación federal.

A partir del establecimiento de estas dos premisas, la Corte invalidó las secciones 3 (criminaliza no portar documentos migratorios), 5 (criminaliza buscar empleo sí se es migrante indocumentado) y 6 (autoriza detención sin orden de arresto por la mera sospecha de que sea migrante indocumentado) de la ley- por considerar que dichas provisiones invadían las facultades de legislación y regulación del Congreso y del Gobierno Federal. En este sentido, se reafirma de manera inequívoca que el control de los asuntos migratorios debe quedar en manos del Gobierno Federal y que los gobiernos estatales pueden tener participación en dichos asuntos en la medida en que el Gobierno Federal lo considera apropiado y las acciones de los estados se adecúen a lo establecido- y omitido- en la legislación federal.

No obstante lo anterior- la Corte se rehusó a invalidar a sección 2(B) de la ley, la cual establece que cuando se detenga a una persona por cualquier motivo, sí se tienen sospechas “razonables” de que es migrante indocumentado se deben realizar todos los esfuerzos “razonables” para determinar su estatus migratorio. Esta provisión –conocida como “papers please” (papeles, por favor)- es una de las más polémicas de la Ley toda vez que se teme que genere detenciones racialmente motivadas (racial profiling)- i.e. que se detenga a una persona por “parecer” migrante indocumentado, aún cuando no exista motivo alguno para la detención. En su argumentación, la Corte establece que sería impropio invalidar esta sección sin que haya evidencia clara de que vaya a desembocar en acciones contrarias a lo señalado por la legislación federal. La Corte dice:

“It was improper to enjoin § 2(B) before the State Courts had an opportunity to construe it and without some showing that § 2(B)’s enforcement in fact, conflicts with federal immigration law and it’s objectives.”

En este sentido, la Corte establece que el procedimiento “razonable” para determinar el estatus migratorio de una persona es estándar para todas las fuerzas de seguridad en Estados Unidos- necesariamente implica consultar Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la única agencia con una base de datos sobre migración- por lo que existe una clara adecuación a la legislación federal en los términos establecidos por la segunda premisa anteriormente referida.

Sin embargo, es importante notar que la Corte deja la puerta abierta a futuros litigios en contra de esta provisión, ya que sí de la aplicación se desprendiera que se transgreden de manera constante y reiterada los objetivos establecidos por el Gobierno Federal para la regulación migratoria ú otros preceptos constitucionales, ésta podría construirse (be construed) como contraria a la Constitución.

II

Esta decisión de la Corte tendrá un importante impacto en el panorama de regulación y administración de la migración indocumentada en los Estados Unidos. Lo primero que hay que destacar es que la Corte, de forma inequívoca, ha reiterado el poder del Gobierno Federal y del Congreso para regular, controlar y diseñar la política migratoria del país- entendida esta no como una serie de políticas aisladas, sino como parte de un entramado mayor que involucra la política exterior del país.  La administración de Obama tomó nota inmediata del fallo al suspender los acuerdos de cooperación previamente firmados con el estado de Arizona para realizar labores conjuntas para el control de la migración indocumentada horas después de la emisión de la sentencia. Si bien esta medida es un buscapiés electorero, el mensaje es claro:  si los estados no se ajustan a la política del gobierno federal, tendrán que verse marginados por completo de la aplicación de la legislación migratoria.

En segundo lugar, esto tendrá efectos en un puñado de estados de la Unión Americana que han pretendido aprobar leyes similares a la SB-1070. Desde hace un par de años los estados han pretendido asumir el control del tema migratorio a partir de la aprobación de leyes que complican la vida para los migrantes. Con este fallo tendrán que reconsiderar su aproximación al tema. Si bien, mantienen el control de situaciones de la vida cotidiana como la emisión de licencias de conducir y admisión a escuelas, en ciertas áreas se tendrá que cambiar la forma en que se pretende incidir en la vida de migrantes indocumentados. Particularmente en aquellos estados con gobernadores republicanos se tendrá que dar un replanteamiento de la retórica en materia migratoria para evitar ser relegados a la banca, como ha sido el caso de Arizona. La Corte parece entender eso al cerrar el fallo con el siguiente párrafo:

“The National Government has significant power to regulate immigration. With power comes responsibility, and the sound exercise of national power over immigration depends on the Nation’s meeting its responsibility to base its laws on a political will informed by searching, thoughtful, rational civic discourse. Arizona may have understandable frustrations with the problems caused by illegal immigration while that process continues, but the State may not pursue policies that undermine federal law.”

Aquí cabe preguntar sí no habrá un esfuerzo por parte del Gobierno Federal por suavizar el trato de los gobiernos estatales a los migrantes indocumentados, particularmente por lo que se refiere a servicios médicos y educativos.

En tercer lugar, podemos esperar una andanada de demandas en contra de la sección 2(B) de la ley que no fue invalidada por la Corte. Los activistas pro-derechos de los migrantes en los Estados Unidos son un conjunto activo que, sin duda, harán todo lo posible por que se declare esta provisión contraria a la Constitución ya que es una puerta por la que se puede colar la discriminación y el abuso de autoridad en contra de la población hispana del estado de Arizona. No se tiene que ir muy lejos para ser testigo de abusos al amparo de la ley- el caso del famoso Juez Arpaio (curiosamente, del estado de Arizona) es un recordatorio constante de cómo funcionarios irresponsables pueden ignorar el espíritu de la ley sin que se haga mucho al respecto.

En este sentido, el trabajo de protección consular será fundamental para vigorizar esta tarea. Sin duda desde la red de consulados de México se tiene una perspectiva que- sí es aprovechada de manera cautelosa- se podrán construir narrativas creíbles que fundamenten una eventual demanda para la invalidación de la sección en comento.

Finalmente, y considerado en conjunto el reciente anuncio de Barack Obama de que su Administración cesará la deportación de los llamados “Dreamers”- aumentará de manera notable la presión para que se apruebe una reforma migratoria integral en el Congreso de los Estados Unidos.

Cabe preguntar en qué medida afectará el presente fallo a la elección presidencial en curso. Me parece que éste nos permitirá presenciar una de las complejidades más interesantes del electorado estadunidense. Si bien, el tema migratorio no dominará el discurso electoral- sin duda el tema central será la economía- el voto latino será uno de los sectores del electorado que definan la elección. Es decir, los candidatos no pueden evitar asumir una postura atractiva para los hispanos.

En este sentido el gran perdedor es Mitt Romney. El candidato presidencial republicano tendrá que hacer una serie de maromas discursivas para acercarse al electorado hispano al tiempo que evita distanciarse de los sectores más conservadores de su partido así como del “Tea Party”. Esta no será una tarea fácil- y las declaraciones del candidato son una muestra clara- su reacción al fallo en cuestión se ha centrado en los “derechos” de los estados que supuestamente han sido restringidos por la Corte, en lugar de asumir una posición clara ante el tema de una reforma migratoria.

Barack Obama, por su parte tendrá que construir un argumento cauteloso ya que muchos estadounidenses todavía creen que los migrantes se “roban” los empleos de los Americanos. Su línea de argumentación deberá enfocarse en culpar al Congreso por un sistema migratorio que no funciona por la falta de reformas al tiempo que aboga por una reforma señale un camino de regularización para una porción importante de los migrantes indocumentados que actualmente se encuentran en los Estados Unidos- sin que esto sea visto como una “amnistía”.

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Obama y los “Dreamers”- ¿Amnistía o pose electorera?

“In the absence of any immigration action from Congress to fix our broken immigration system, what we’ve tried to do is focus our immigration enforcement resources in the right places […] We focused and used discretion about whom to prosecute, focusing on criminals who endanger our communities rather than students who are earning their education.  And today,  deportation of criminals is up 80 percent.  We’ve improved on that discretion carefully and thoughtfully.  Well, today, we’re improving it again.” Barack Obama

Hace una semana el Presidente de los Estados Unidos Barack Obama anunció que su administración cesará temporalmente las deportaciones de migrantes indocumentados conocidos como Dreamers (denominados así por ser el objeto de una iniciativa de ley pendiente en el Congreso conocida como la “DREAM Act”)- aquellos que ingresaron a los Estados Unidos cuando eran menores de edad y que han vivido en dicho país desde entonces (para conocer lo que constituye a un Dreamer acceder a: http://dreamact.info/students). Para entender el alcance e implicaciones de esta decisión es fundamental comprender de manera cabal de que se trata. En el presente texto intentaré detallar cual es la naturaleza de esta decisión.

Es necesario subrayar que no se trata de una “amnistía” como se maneja en la mayoría de los medios de comunicación. La decisión del Presidente Obama se construye sobre una facultad de las autoridades administrativas y penales americanas conocida como “discrecionalidad procesal” (prosecutorial discretion). Esta facultad básicamente consiste en que una autoridad gubernamental puede no perseguir a quien cometa una infracción administrativa y/o un crimen si considera que los intereses de cierta dependencia o agencia gubernamental se verían mejor servidos sí no lo hace.  El margen de discrecionalidad en este sentido es prácticamente ilimitado, como lo ha sostenido la Suprema Corte de los Estados Unidos (Heckler v. Chaney (disponible en: http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=470&invol=821). Ahora, es importante tener en cuenta que el ejercicio de la discrecionalidad procesal no extingue la facultad de la Autoridad para proceder en contra de quien perpetre una infracción y/o crimen y se vea favorecido en un primer momento. Así pues, la discrecionalidad procesal es una suspensión del ejercicio de la autoridad.

Por lo que ve al origen de esta decisión, hay tres factores que pueden ser considerados como los resortes que impulsaron al Presidente Obama en esta dirección.

Primero, desde hace más de un año la administración del Presidente Obama ha puesto en práctica una política pública consistente en ejercer con mayor frecuencia la discrecionalidad procesal en materia de deportaciones con el objeto de hacer más eficiente el uso de los recursos de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con el fin de enfocarse en la deportación de inmigrantes indocumentados que son considerados prioritarios para efectos de remoción de suelo estadunidense, i.e. aquellos que representan una amenaza a la Seguridad Nacional de los Estados Unidos o que se encuentran detenidos por la comisión de algún crimen.

Segundo, a la par que se ha venido desarrollando esta política pública- y ante el estancamiento del tema migratorio en el Congreso- el Presidente Obama decidió apoyar públicamente la iniciativa de ley conocida como “DREAM Act” (Develompent, Relief, and Education for Alien Minors Act)- iniciativa originalmente presentada en el año 2001 con apoyo bipartidista, misma que ha fracasado de manera reiterada en el Congreso y que el año pasado fue re-introducida por Harry Reid, líder de los Senadores Demócratas, a instancias del Presidente Obama- sin que se haya registrado mayor avance en su proceso de aprobación.

Finalmente, en fechas recientes la naciente estrella del Partido Republicano- el Senador Marco Rubio- ha planteado impulsar desde las filas de su partido una iniciativa de reforma migratoria propia (algo así como una versión “light” de la DREAM Act). Rubio ha asumido su papel como Senador “Latino” y ha adoptado un lenguaje mucho más suave que el que han utilizado últimamente los miembros de la derecha estadunidense al referirse al tema de la migración indocumentada. Huelga decir, que esta aparición de un Republicano como posible paladín de una reforma migratoria- y por extensión de los latinos- no es vista con buenos ojos por los Demócratas, considerando la creciente influencia del voto latino.

Estos tres factores, sumados al contexto del proceso electoral en puerta, en el cual el voto latino se perfila como uno de los sectores del electorado estadunidense que serán más relevantes, sin duda dan una explicación inicial de la decisión recientemente asumida por el Presidente Obama.

Sin embargo, me parece que hay algo más que debemos de considerar. La decisión de Obama no se sustenta en una Orden Ejecutiva- acto del Ejecutivo que tiene todo el poder de una ley (equivalente a un Decreto en nuestro sistema legal), sino que se enmarca en el ejercicio de una facultad ampliamente reconocida y que difícilmente el Congreso podría disputar ante un Tribunal. No obstante su legitimidad jurídica, es claro que esta decisión- como ya se ha mencionado, en vísperas de la temporada electoral- es claramente una provocación, tanto para el Congreso de los Estados Unidos como para el Partido Republicano. Y lo que es más, tiene fecha de caducidad: al ser meramente una forma de ejercer facultades otorgadas por la Constitución no es vinculante para su sucesor, quién puede ejercer las mismas facultades con criterios distintos.

Es decir, si bien esta decisión puede resultar muy popular, es endeble- no trascenderá, en su estado actual, a la presente administración. La pregunta pues es, ¿por qué tomar una decisión que si bien es legal, está condenada a no durar más de cuatro años (suponiendo que Obama se reelija)?

Desde mi perspectiva el Presidente Obama está buscando cosechar dos frutos: por una parte, indudablemente, busca obtener una ventaja electoral congraciándose con el electorado hispano. Pero por otra parte, con la mirada puesta en un segundo término presidencial, creo que busca enmarcar el tema migratorio de tal forma que la única opción que quedará para el Congreso será legislar una reforma migratoria en un futuro no muy lejano en los términos preferidos por el Presidente: con un puente a la legalización de los Dreamers. Sí no es así, el Ejecutivo podría continuar ejerciendo su facultad de discrecionalidad procesal, lo que representaría una puesta en evidencia constante de la incapacidad del Congreso para legislar un tema prioritario como es el migratorio- lo que en el fondo implicaría una permanente denuncia de la falta de voluntad de los Republicanos para alcanzar acuerdos.

En conclusión, esta decisión evidencia que una de las prioridades del Presidente Obama en caso de ser reelecto será lograr una reforma migratoria en sus términos- cumpliendo así con la promesa de su primera campaña electoral. Pero también nos muestra a un Presidente- y a una Administración- mucho más maduros, que han aprendido a hacer uso de las herramientas a su disposición para orillar a sus intransigentes contrapartes Republicanas a lograr acuerdos. En cierta forma, esta decisión también puede ser vista como un uso, con mucha categoría, del bully pulpit (esta expresión coloquial no tiene traducción literal al español- se utiliza para describir aquellos ataques y críticas que el Presidente hace a sus contrincantes para obligarlos a acercarse a su posición en algún tema).

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El Debate de #YoSoy132

“Un cínico es un hombre que conoce el precio de todo y no da valor a nada.” Oscar Wilde

Considero que hay dos perspectivas- no excluyentes- desde las cuales podemos tratar de entender el debate organizado por el movimiento #Yosoy132. Por una parte, se le puede analizar como un debate más, con sus fallas técnicas, sus asistentes y sus ausentes y con sus posturas, argumentos y contraargumentos de los candidatos. Por otro lado, creo que se debe de considerar este evento como uno con cierto poder transformativo- “una cita con la historia”, como lo calificó Genaro Lozano durante el debate.

Como debate simple y llano fue uno de claroscuros. Lo primero que habría que mencionar al respecto es que las fallas técnicas que impidieron seguir el debate en vivo de manera adecuada fueron lamentables. Fallas comprensibles, considerando las limitaciones propias del movimiento que organizó. Aquí se antoja la pregunta incómoda ¿no habría sido positivo incluir a televisoras y otros medios de comunicación? Dejo abierta la pregunta ya que yo aún no decido como responder esta pregunta.

Por lo que ve a los asistentes, no hubo sorpresas. Con base en sus cálculos y necesidades políticas, tres candidatos decidieron asistir- el puntero decidió no hacerlo. No creo que este debate vaya a alterar de manera significativa las preferencias electorales reflejadas en las encuestas. Desde esta perspectiva meramente cuantitativa, Peña Nieto no se equivocó.

Sin embargo, es preocupante que por segundo proceso electoral consecutivo, el candidato puntero decide no asistir a un debate cuando se ve en una posición cómoda a partir de la cual considera que no tiene por qué confrontar sus ideas con los demás contendientes. Esto es algo que se debe de cambiar. Debemos entender- quienes se dedican a política y quienes no- que la democracia es, por naturaleza, deliberativa.

Finalmente, en cuanto a las propuestas de los candidatos, en realidad no hubo mayor cambio. Creo que los tres candidatos se movieron más o menos dentro de su zona de confort discursiva sin que ninguno hiciera alguna manifestación que diera nota. En este sentido, creo que lo  más relevante fue el formato del debate. Fue mucho más dinámico que aquellos organizados por el IFE y favoreció la confrontación de manera constructiva de los dichos de los candidatos- en fin, fue un debate.

Como evento transformativo- de esos que tienen el potencial de modificar la forma en que percibimos la realidad, en este caso la realidad política- es difícil sopesar su impacto ante la inmediatez del mismo. Sin embargo, creo que se puede intuir que este evento sí tiene el potencial de generar algunos cambios en la forma en que ejercemos la democracia en México.

Como nota de precaución previa, me gustaría señalar que debemos evitar caer en el cinismo de calificarlo por el número de quienes siguieron el debate. Por su propia naturaleza- transmitido vía internet- era claro que el alcance del debate era limitado.

En primer lugar, algo verdaderamente relevante de este ejercicio es que ha puesto en evidencia que no tenemos que depender de la autoridad electoral para entrar en contacto y confrontar a partidos políticos y candidatos. A partir de la organización eficiente, los ciudadanos podemos lograr que quienes aspiran a representarnos justifiquen su deseo y demuestren su capacidad para hacerlo.

Por otra parte, creo que ha quedado claro que el formato de debate privilegiado por el IFE y los partidos políticos es obsoleto. Los debates electorales no pueden limitarse a un intercambio de monólogos entre candidatos, sino que es necesario incluir formatos de debate que verdaderamente fomenten el intercambio de ideas, propuestas y planteamientos. Trasladar esto al IFE no será sencillo- por lo que será importante que en futuros procesos electorales se impulse nuevamente la idea de debates no organizados por la autoridad electoral.

En ese sentido, es necesario subrayar que futuros debates “ciudadanos” (por llamarlos de alguna manera) y los debates “oficiales” no deben ser mutuamente excluyentes, sino complementarios.

Finalmente, creo que el potencial transformativo del debate dependerá de lo que se haga a partir del mismo. El movimiento #Yosoy132 -y los ciudadanos en general- debemos evitar caer en la trampa de creer que el debate fue el culmen. Este debate fue tan solo un evento que debe servir como plataforma para seguir avanzando en el desarrollo democrático de nuestro país. Desde esta perspectiva, se ha fallado en trabajar el post-debate.  Amén de lo publicado en redes sociales y en blogs como el presente, es poco el debate que se ha generado sobre el debate mismo- pareciera que se está desaprovechando la oportunidad de construir a partir de la inercia.

Al final del día, creo que este último debate ha sido un evento extraordinario no solo por lo que representa, sino por lo que puede traer aparejado. Sí logramos construir sobre la base establecida por este debate sin duda la forma en que vivimos la democracia cambiara en algo. Si bien es improbable que modifique las tendencias de voto, este evento tiene el potencial de ser un paso importante en el proceso de transformación de la forma en que nos relacionamos con la autoridad.

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El cambio está en los ojos del que Mira

“But the [optimism] bias also protects and inspires us: it keeps us moving forward rather than to the nearest high-rise ledge […] To make progress we need to be able to imagine alternative realities, better ones- and we need to believe that we can achieve them […] The problem with pessimistic expectations, such as those of the clinically depressed, is that they have the power to alter the future; negative expectations shape outcomes in a negative way…” Tali Sharot, “The Science of Optimism/The Optimism Bias” en TIME Magazine, June 6 2011.

Hace un par de semanas regresé a México después de una estancia de un año en Estados Unidos. El proceso de regreso ha sido muy interesante por diversos motivos, pero lo que más ha llamado mi atención es el espesor del (des)ánimo – especialmente porque desde el exterior, y con un seguimiento frecuente de la prensa escrita nacional en internet, no percibí el peso del mismo.

Desde el exterior, la impresión del presente proceso electoral era una de efervescencia creciente sumada a la expectación derivada de un proceso que es cada vez más cerrado. Sin embargo, en México parece existir un sentimiento de inevitabilidad. La mayoría parece convencida de que, gane quién gane la elección, nada cambiará. Al final del día todas las opciones parecen caber en el mismo costal y ofrecer más de lo mismo: un proceso de degradación del ínfimo bienestar alcanzado durante los años buenos- cualesquiera que hayan sido esos.

En fin, parecemos condicionados a ver la realidad desde un matiz negativo. Esto me lleva a la cita del encabezado del presente texto. En la medida en que asumimos que nada cambiará parecería que estamos, de antemano, condenando los siguientes seis años a la misma parálisis e inmovilidad que parece privar en el entorno actual.  Lo anterior es aún más lamentable sí consideramos que existen evidencias claras de que cuando decidimos modificar nuestra realidad ésta se puede alterar, siendo la mejor- y más reciente- evidencia el movimiento #Yosoy132 y su próximo debate al margen de los debates “oficiales”.

Esto es algo que debemos cambiar. Como ciudadanos tenemos que asumir que tenemos el poder de modificar la realidad de nuestro entorno. Tenemos que reclamar el poder que es nuestro- soberanía, como pomposamente lo llama la Constitución. Llegue quién llegue al poder- Presidente, Diputados, Senadores, Alcaldes, etc.- debemos asumir que está ahí para servirnos y debemos actuar en consecuencia.  En fin, nuestra obligación como ciudadanos es saber que tenemos el poder de cambiar el país.

En la medida en que recuperemos la capacidad de creer en el cambio, en esa misma medida cambiaremos nuestra realidad. El fin del régimen unipartidista se dio gracias a que se creyó en la posibilidad del cambio. Es momento de volver a creer, en esta ocasión no en la capacidad de los partidos políticos para competir electoralmente, sino en el poder de los ciudadanos para mantener a la clase política en su lugar: como agentes al servicio de la ciudadanía.

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