Crímenes de Lesa Humanidad y Seguridad Nacional

El pasado mes de junio la organización Open Society Foundations presentó un reporte (https://www.opensocietyfoundations.org/reports/undeniable-atrocities-confronting-crimes-against-humanity-mexico ) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en México. El reporte aborda la situación de nuestro país desde una óptica jurídica para determinar si en México se han cometido estos crímenes. Subrayan los autores del reporte que “[m]ientras este análisis no cuestiona los méritos o idoneidad de una política pública para combatir al crimen organizado, o el derecho y obligación del Gobierno Mexicano de proteger a sus ciudadanos, si escruta la legalidad de los métodos mediante los cuales esa política ha sido implementada.”

Los crímenes de lesa humanidad son actos de violencia (tales como asesinatos, tortura, desaparición forzada, utilización de violencia sexual como medio de intimidación y destrucción de comunidades) llevados a cabo de forma generalizada y/o sistemática en contra de la población civil.

A partir del análisis realizado – que utiliza los criterios para determinar la existencia de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad propuestos por la Corte Penal Internacional- el reporte concluye en México sí se han cometido crímenes de lesa humanidad, atribuibles tanto al Estado (por acción y omisión) como a grupos de criminales- principalmente “el cártel de los Zetas.

Esta conclusión no sorprende. Lo interesante del reporte es que concluye que se han cometido crímenes de lesa humanidad (en oposición a crímenes de guerra). Esto es significativo, porque se parte del postulado de que en México no hay- legalmente hablando- un conflicto interno, Esto es fundamental porque reconoce la legitimidad formal del accionar del Gobierno Mexicano en su combate al crimen organizado, al tiempo señala que ha habido abusos y omisiones en el ejercicio de la autoridad estatal que han derivado en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Finalmente, enfatiza que el Poder Judicial ha sido incapaz de procesar de manera efectiva este tipo de casos.

Si bien, esto puede parecer bastante obvio es importante detenernos a considerar las implicaciones del reporte. Una de las principales obligaciones de cualquier Estado es la búsqueda de la seguridad de sus habitantes. Un gobierno que no es capaz de brindar seguridad pierde su razón de ser y puede provocar una crisis de legitimidad del Estado- sobre todo si la incapacidad de prevenir y sancionar se extiende durante de periodos largos de tiempo con gobiernos diferentes, como parece ser el caso de México con, por lo menos, las últimas tres administraciones presidenciales.

Lo que podemos deducir es que la crisis de derechos humanos en México poco a poco se está tornando en un problema de seguridad nacional, porque ante la incapacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades en materia de seguridad conforme a derecho, el Estado está perdiendo su razón de ser. Los números ofrecidos en el reporte son escalofriantes: en cuanto a tortura en los últimos 10 años hay 1884 investigaciones federales al respecto y solamente 12 procesos abiertos y 8 sentenciados por dicho delito; por lo que ve a las desapariciones forzadas tenemos 313 investigaciones y tan sólo 13 personas sentenciadas por dicho delito.

El hecho de que se haga énfasis en que el Poder Judicial auxiliado por el trabajo de las agencias de seguridad y persecución del delito del Gobierno (es decir, el aparato estatal) es incapaz de abatir la impunidad por sí mismo habla de la degradación del Estado no solo en los hechos, sino en el imaginario de la población. La aparición de grupos de autodefensa, la identificación de porciones significativas de la población con los grupos criminales antes que con las autoridades estatales y la incapacidad de procesar asuntos tales como el de Ayotzinapa deben encender los focos rojos.

Nos es mi afán ser alarmista, pero la situación del Estado Mexicano se asemeja a las condiciones que vivieron ciertos países durante la llamada Primavera Árabe. Si bien los contextos son diferentes- ya que en México existe una aparente democracia en ciernes y un nivel de desarrollo económico superior- hay similitudes que permiten considerar que la continuada deslegitimación del Estado mexicano, derivada de las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, puede verse aparejada con un fortalecimiento de grupos criminales y paramilitares que debiliten al aparato estatal hasta niveles críticos.

El Estado Mexicano en su conjunto- y particularmente el Gobierno Mexicano- no pueden seguir jugando a la política cuando de derechos humanos se trata. Es urgente, un asunto de seguridad nacional, que se acabe con la impunidad y se desarticulen inercias institucionales que permiten a actores estatales y no estatales incurrir en crímenes de lesa humanidad y permanecer sin castigo.

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