Zugzwang

En días pasados el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emitió su reporte final sobre el examen que se realizó al Estado Mexicano en el marco de sus obligaciones establecidas en la Convención Internacional sobre la Protección de todas las Personas en Contra de la Desaparición Forzada. La reacción del gobierno Mexicano consistió en la emisión un escueto comunicado conjunto de SEGOB y SRE, que plantea:

“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención.” (Énfasis añadido)

Al respecto, me parece que, independientemente si uno está de acuerdo o no con las observaciones del Comité, la Administración del Presidente Peña Nieto ha cometido un error. Desde el mes de octubre pasado, y producto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno Federal ha visto mermada su legitimidad de manera creciente y constante. Si a esto le sumamos (no en orden de importancia) el dólar cada vez más caro, los precios del petróleo cada vez más bajos que ponen en riesgo la economía, los escándalos derivados de presuntos conflictos de interés y el reciente pleito con los padres de los referidos normalistas y los peritos argentinos por la “verdad histórica”, la situación no se ve que pueda mejorar pronto. El gobierno necesita urgentemente una bocanada de aire fresco que le permita mostrar a la ciudadanía una cara distinta, amable y accesible que le ayude a recuperar algo de credibilidad. Regalar televisores no va a cumplir esa tarea.

La comparecencia ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas era una oportunidad para el gobierno Mexicano para reconstruir algo de legitimidad perdida y para que el Estado Mexicano avanzara en la reconfiguración de nuestro tejido social. Una oportunidad que, me parece, se desaprovechó.

Me explico.

Los derechos humanos no solamente son estándares mínimos para conducir nuestras relaciones sociales con respeto por la dignidad de los demás. También son herramientas políticas que (aunque sea políticamente incorrecto decirlo) pueden (¿deben?) ser utilizadas como elementos de legitimación para una administración gubernamental. En este caso, una actitud circunspecta por parte del gobierno mexicano, que reflejara un mínimo de sensibilidad, reconocimiento de las fallas, errores y abusos cometidos, una apertura mínima a los familiares de las personas desaparecidas habría logrado ayudar bastante para mejorar la imagen de la administración y su presencia ante la sociedad.

Desgraciadamente, de nueva cuenta el gobierno perderá la lucha por la narrativa. Una vez más los padres de los normalistas, las organizaciones de la sociedad civil que exigen respeto a los derechos humanos y los elementos “desestabilizadores” de los que habla el Presidente utilizaran la coyuntura, en ese caso la negativa del Gobierno a reconocer y aceptar las observaciones del Comité, para deslegitimar al gobierno y debilitar aún más a la administración.

Y digo desgraciadamente no porque me moleste que se denuncien los abusos de derechos humanos – todo lo contrario- sino porque a nadie conviene tener un gobierno que no goza de legitimidad entre los electores. Para que las acciones gubernamentales funcionen debe existir una cierta relación de confianza entre población y gobierno, cosa que en el caso mexicano cada vez es más difícil encontrar. Un discurso oficial en materia de derechos humanos, bien articulado y sustentado en acciones reales, ayudaría para reconstruir esa confianza.

Es importante aclarar que no se trata de que el Presidente o sus subordinados digan lo correcto- prometan respetar, promover proteger y garantizar derechos humanos- sin que haya un eco en la acción gubernamental. No pretendo promover una utilización artificiosa y tramposa del discurso de los derechos humanos para obtener fines políticos. De lo que se trata es que el Gobierno Mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos de manera más evidente y efectiva con miras a obtener un cierto grado de legitimidad política que le dé un margen de acción para desplegar su proyecto político.

Y ahí es donde me parece que está el problema. La administración de Peña Nieto- y me atrevo a decir que el grueso de la clase política de nuestro país independientemente de partidos políticos- se encuentran en una posición similar a aquella definida como “zugzwang” en el ajedrez, consistente en que es turno de mover para un jugador pero, no obstante cómo y qué mueva, su posición empeorará.

La percepción vertical del ejercicio de gobierno que parece privilegiarse en esta administración se encuentra en confrontación directa con una lógica de derechos humanos por que éstos, por definición, son redistribuidores de poder- tienden a reposicionar a los individuos y a los grupos vulnerables frente a las autoridades y los poderosos en una sociedad. Incluir un frente de derechos humanos en el accionar diario significaría que el gobierno federal perdería poder y eso parece ser contrario al “ADN político” de esta administración. Para Enrique Peña Nieto reunirse con las víctimas de violaciones a derechos humanos en un foro público y relativamente sustancioso, como lo hizo Felipe Calderón en su momento, parece imposible. Eso significaría otorgarle a las víctimas una precedencia sobre el Presidente que hace corto circuito con una idea de autoridad bastante rígida (no perdamos de vista que a cinco meses de la desaparición de los 43 el Presidente no ha visitado Iguala).

Pero por otra parte, continuar en el camino que se está transitando solamente debilitará aún más al Gobierno Federal- tanto a la administración presente como a las instituciones mismas. Si bien no hemos llegado a un punto crítico en el cual el ejercicio del gobierno en México sea inviable- me parece que aún estamos muy lejos de ello- como comunidad sí nos estamos ubicando en una posición en la cual la distancia entre autoridades y ciudadanos es lo suficientemente amplia como para obstaculizar el correcto funcionamiento de la sociedad. Como ejemplo consideremos a los grupos de manifestantes que utilizan cualquier bandera, causa o pretexto para un día sí y otro también buscan bloquear vías de comunicación y espacios públicos dentro y fuera del Distrito Federal con el objeto de reclamar privilegios que no necesariamente le son otorgados a todos los mexicanos- y dado el desprestigio del gobierno para muchos es mucho más sencillo criticar al gobierno y pasarle el costo político que hacerlo en contra de aquellos manifestantes que pisotean los derechos de terceros tanto como lo hace el Gobierno.

Así, con el Gobierno en zugzwang, parece que nos dirigimos a la inmovilidad. Con una situación económica y en materia de seguridad tan delicada me parece sumamente irresponsable que la Administración de Peña Nieto no intente, siquiera para cambiar la inercia, bajar la cabeza y aceptar que las cosas en este país, en materia de desapariciones forzadas y muchas otras cosas, no andan del todo bien. Ya lo decía Enrique Krauze en otro contexto: una disculpa ayudaría mucho al Presidente y a su Administración.

Un jugador de ajedrez en zugzwang siempre tiene la chapucera, berrinchuda y triste opción de tirar el tablero y así materialmente terminar con el juego sin haber hecho el movimiento debilitante. El Gobierno Federal no tiene esa opción. Tiene que mover.

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