La Suprema Corte de EE.UU. y la Migración- un fallo que al no cambiar nada cambia todo.

El lunes de esta semana la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos emitió el fallo en el caso de la apelación del estado de Arizona contra la sentencia de una Corte de Distrito que invalidó secciones claves de la ley SB-1070 aprobada por la legislatura de dicho estado en 2010- la cual, fundamentalmente, pretendía hacer la vida imposible para los migrantes criminalizando diversas infracciones administrativas así como el establecimiento de un perenne interrogatorio de documentos y estatus migratorio a las personas que lucieran “razonablemente sospechosas” de ser migrantes indocumentados.  La decisión de la Suprema Corte fue mayoritariamente desfavorable para el estado de Arizona, mismo que tendrá repercusiones importantes en el panorama general de la regulación migratoria en el vecino país, algo que cabe analizar con cuidado. En el presente texto, primero haré un breve repaso de la decisión en comento. Posteriormente, intentaré señalar qué implicaciones tiene el sentido de la decisión.

I

El corazón de la ley SB-1070 se encontraba conformado por cuatro provisiones- mismas que eran combatidas por el Gobierno de los Estados Unidos en el juicio recién resuelto:

  • Sección 2(B) de la ley- La cual establece que cuando se detenga a una persona por cualquier motivo, los agentes de policía deberán realizar esfuerzos “razonables” para determinar su estatus migratorio, sí existen motivos “razonables” para sospechar que se encuentra sin permiso en territorio de los Estados Unidos.
  • Sección 3 de la ley- La cual establecía que no portar en todo momento los documentos que acreditaran legal estancia en los Estados Unidos en caso de no ser ciudadano de dicho país era un delito no grave (misdemeanor).
  • Sección 5 de la ley- La cual establecía que buscar o solicitar empleo sin contar con la documentación migratoria para ello (visa de trabajo, permiso de trabajador temporal) era un delito no grave (misdemeanor).
  • Sección 6 de la ley-La cual autorizaba a los agentes de policía a detener sin orden de arresto a inmigrantes cuando existiesen sospechas fundadas de que se encontraran en el país de manera indocumentada.

La contención central de la Administración de Barack Obama era que esta Ley es contraria a la Constitución por que invade facultades reservadas para el Gobierno Federal – específicamente la facultad de dirigir la política exterior y la facultad de establecer y administrar las reglas de naturalización.

Por su parte, el Gobierno del Estado de Arizona argüía que la Ley no contraría la Constitución, sino que simplemente complementa a las facultades federales de investigación y persecución de la migración indocumentada. Para esto, construyeron un sofisticado argumento que tergiversaba el sentido de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos (INA, por sus siglas en inglés). Dicha Ley dispone que el Gobierno Federal puede coordinarse con los gobiernos de los estados para que las fuerzas de seguridad de éstos realicen ciertas tareas de combate a la inmigración indocumentada. El gobierno del estado de Arizona sostuvo ante la Corte que la facultad antes citada no es optativa, sino que es obligación del Gobierno Federal hacerlo, y que ante la omisión de la Administración de Obama, unilateralmente asumía su rol legalmente reconocido.

En su fallo, la Corte establece dos premisas fundamentales que echan por tierra el argumento de Arizona. Primero, establece que el Gobierno Federal tiene un poder amplio y reconocido (undoubted) sobre la regulación migratoria y su estatus. Dicho poder se despliega en dos ámbitos de la administración pública:

  • El establecimiento de reglas uniformes de nacionalidad y naturalización; y
  • La conducción y control de la política exterior (descrita como poder soberano inherente [inherent sovereign power]).

La segunda premisa establecida por la Corte es que la “Cláusula de Supremacía” de la Constitución (Artículo VI, sección 2) establece que el Congreso de los Estados Unidos tiene el poder imponer la dirección que deben seguir las leyes estatales (la palabra utilizada por la Corte es preempt- “The Supremacy Clause gives Congress the power to preempt state law”). En ese sentido, hay dos formas en los que las leyes estatales deben adecuarse al sistema federal:

  • Los estados no pueden legislar asuntos que el Congreso ha establecido que deben ser legislados por dicho cuerpo colegiado; y
  • Los Estados deben adecuarse a las leyes federales cuando la legislación estatal en un sentido divergente- aunque no necesariamente contrario- puede ser un obstáculo para la aplicación de la legislación federal.

A partir del establecimiento de estas dos premisas, la Corte invalidó las secciones 3 (criminaliza no portar documentos migratorios), 5 (criminaliza buscar empleo sí se es migrante indocumentado) y 6 (autoriza detención sin orden de arresto por la mera sospecha de que sea migrante indocumentado) de la ley- por considerar que dichas provisiones invadían las facultades de legislación y regulación del Congreso y del Gobierno Federal. En este sentido, se reafirma de manera inequívoca que el control de los asuntos migratorios debe quedar en manos del Gobierno Federal y que los gobiernos estatales pueden tener participación en dichos asuntos en la medida en que el Gobierno Federal lo considera apropiado y las acciones de los estados se adecúen a lo establecido- y omitido- en la legislación federal.

No obstante lo anterior- la Corte se rehusó a invalidar a sección 2(B) de la ley, la cual establece que cuando se detenga a una persona por cualquier motivo, sí se tienen sospechas “razonables” de que es migrante indocumentado se deben realizar todos los esfuerzos “razonables” para determinar su estatus migratorio. Esta provisión –conocida como “papers please” (papeles, por favor)- es una de las más polémicas de la Ley toda vez que se teme que genere detenciones racialmente motivadas (racial profiling)- i.e. que se detenga a una persona por “parecer” migrante indocumentado, aún cuando no exista motivo alguno para la detención. En su argumentación, la Corte establece que sería impropio invalidar esta sección sin que haya evidencia clara de que vaya a desembocar en acciones contrarias a lo señalado por la legislación federal. La Corte dice:

“It was improper to enjoin § 2(B) before the State Courts had an opportunity to construe it and without some showing that § 2(B)’s enforcement in fact, conflicts with federal immigration law and it’s objectives.”

En este sentido, la Corte establece que el procedimiento “razonable” para determinar el estatus migratorio de una persona es estándar para todas las fuerzas de seguridad en Estados Unidos- necesariamente implica consultar Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la única agencia con una base de datos sobre migración- por lo que existe una clara adecuación a la legislación federal en los términos establecidos por la segunda premisa anteriormente referida.

Sin embargo, es importante notar que la Corte deja la puerta abierta a futuros litigios en contra de esta provisión, ya que sí de la aplicación se desprendiera que se transgreden de manera constante y reiterada los objetivos establecidos por el Gobierno Federal para la regulación migratoria ú otros preceptos constitucionales, ésta podría construirse (be construed) como contraria a la Constitución.

II

Esta decisión de la Corte tendrá un importante impacto en el panorama de regulación y administración de la migración indocumentada en los Estados Unidos. Lo primero que hay que destacar es que la Corte, de forma inequívoca, ha reiterado el poder del Gobierno Federal y del Congreso para regular, controlar y diseñar la política migratoria del país- entendida esta no como una serie de políticas aisladas, sino como parte de un entramado mayor que involucra la política exterior del país.  La administración de Obama tomó nota inmediata del fallo al suspender los acuerdos de cooperación previamente firmados con el estado de Arizona para realizar labores conjuntas para el control de la migración indocumentada horas después de la emisión de la sentencia. Si bien esta medida es un buscapiés electorero, el mensaje es claro:  si los estados no se ajustan a la política del gobierno federal, tendrán que verse marginados por completo de la aplicación de la legislación migratoria.

En segundo lugar, esto tendrá efectos en un puñado de estados de la Unión Americana que han pretendido aprobar leyes similares a la SB-1070. Desde hace un par de años los estados han pretendido asumir el control del tema migratorio a partir de la aprobación de leyes que complican la vida para los migrantes. Con este fallo tendrán que reconsiderar su aproximación al tema. Si bien, mantienen el control de situaciones de la vida cotidiana como la emisión de licencias de conducir y admisión a escuelas, en ciertas áreas se tendrá que cambiar la forma en que se pretende incidir en la vida de migrantes indocumentados. Particularmente en aquellos estados con gobernadores republicanos se tendrá que dar un replanteamiento de la retórica en materia migratoria para evitar ser relegados a la banca, como ha sido el caso de Arizona. La Corte parece entender eso al cerrar el fallo con el siguiente párrafo:

“The National Government has significant power to regulate immigration. With power comes responsibility, and the sound exercise of national power over immigration depends on the Nation’s meeting its responsibility to base its laws on a political will informed by searching, thoughtful, rational civic discourse. Arizona may have understandable frustrations with the problems caused by illegal immigration while that process continues, but the State may not pursue policies that undermine federal law.”

Aquí cabe preguntar sí no habrá un esfuerzo por parte del Gobierno Federal por suavizar el trato de los gobiernos estatales a los migrantes indocumentados, particularmente por lo que se refiere a servicios médicos y educativos.

En tercer lugar, podemos esperar una andanada de demandas en contra de la sección 2(B) de la ley que no fue invalidada por la Corte. Los activistas pro-derechos de los migrantes en los Estados Unidos son un conjunto activo que, sin duda, harán todo lo posible por que se declare esta provisión contraria a la Constitución ya que es una puerta por la que se puede colar la discriminación y el abuso de autoridad en contra de la población hispana del estado de Arizona. No se tiene que ir muy lejos para ser testigo de abusos al amparo de la ley- el caso del famoso Juez Arpaio (curiosamente, del estado de Arizona) es un recordatorio constante de cómo funcionarios irresponsables pueden ignorar el espíritu de la ley sin que se haga mucho al respecto.

En este sentido, el trabajo de protección consular será fundamental para vigorizar esta tarea. Sin duda desde la red de consulados de México se tiene una perspectiva que- sí es aprovechada de manera cautelosa- se podrán construir narrativas creíbles que fundamenten una eventual demanda para la invalidación de la sección en comento.

Finalmente, y considerado en conjunto el reciente anuncio de Barack Obama de que su Administración cesará la deportación de los llamados “Dreamers”- aumentará de manera notable la presión para que se apruebe una reforma migratoria integral en el Congreso de los Estados Unidos.

Cabe preguntar en qué medida afectará el presente fallo a la elección presidencial en curso. Me parece que éste nos permitirá presenciar una de las complejidades más interesantes del electorado estadunidense. Si bien, el tema migratorio no dominará el discurso electoral- sin duda el tema central será la economía- el voto latino será uno de los sectores del electorado que definan la elección. Es decir, los candidatos no pueden evitar asumir una postura atractiva para los hispanos.

En este sentido el gran perdedor es Mitt Romney. El candidato presidencial republicano tendrá que hacer una serie de maromas discursivas para acercarse al electorado hispano al tiempo que evita distanciarse de los sectores más conservadores de su partido así como del “Tea Party”. Esta no será una tarea fácil- y las declaraciones del candidato son una muestra clara- su reacción al fallo en cuestión se ha centrado en los “derechos” de los estados que supuestamente han sido restringidos por la Corte, en lugar de asumir una posición clara ante el tema de una reforma migratoria.

Barack Obama, por su parte tendrá que construir un argumento cauteloso ya que muchos estadounidenses todavía creen que los migrantes se “roban” los empleos de los Americanos. Su línea de argumentación deberá enfocarse en culpar al Congreso por un sistema migratorio que no funciona por la falta de reformas al tiempo que aboga por una reforma señale un camino de regularización para una porción importante de los migrantes indocumentados que actualmente se encuentran en los Estados Unidos- sin que esto sea visto como una “amnistía”.

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